Así lo informó el alcalde de Ancón, quien en las últimas horas brindó nuevos detalles del caso.
La difusión de un video en TikTok donde una mujer extorsionaba a una comerciante informal generó gran indignación entre los usuarios. La rápida intervención del serenazgo de Ancón permitió ubicar a la sospechosa y entregarla a la Policía Nacional del Perú (PNP). Con su detención, se conocieron más detalles sobre su situación y lo que la llevó a cometer el delito.
En declaraciones a ATV, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, informó que la familia de la extorsionadora, Karen Doroteo, explicó que hace diez días ella había salido de un centro de salud mental, ya que sus allegados no podían seguir cubriendo los costos de su tratamiento. Luego de regresar a su hogar, desapareció sin dejar rastro.
“Las palabras no correspondían a una persona cuerda”, señaló Daza, al referirse a la actitud de la mujer en la grabación. Asimismo, resaltó la importancia de la denuncia realizada por la víctima, quien no dudó en reportar la amenaza. En el video, la agresora afirmaba que no pertenecía a un “cártel de narcos”, sino a un grupo que imponía “su justicia” en la zona. Finalmente, fue capturada en el Parque Central de Ancón mientras intentaba huir de las autoridades. Su arresto generó comentarios en redes sociales, donde varios usuarios mencionaron que los extorsionadores suelen mostrar nerviosismo al ser intervenidos.
Este caso se suma al preocupante incremento de la extorsión en Lima. En enero de 2025, la PNP recibió cerca de 800 denuncias por este delito, lo que equivale a una cada 56 minutos. San Juan de Lurigancho y Lima Cercado encabezan la lista de los distritos con más casos reportados, con 109 y 99 denuncias, respectivamente. En contraste, distritos como La Victoria, San Miguel y Miraflores presentan cifras considerablemente menores.
El sector transporte es uno de los más afectados por este delito. Según representantes del gremio, el 80 % de los trabajadores se ven obligados a pagar cupos a mafias para poder operar con seguridad. Esta problemática ha llevado a movilizaciones y protestas en busca de mayor protección por parte de las autoridades. Para muchos transportistas, la extorsión se ha convertido en un “impuesto” más dentro de su actividad laboral.