Actualmente, el Congreso busca soluciones.
La crisis de seguridad en los centros educativos del Perú ha alcanzado niveles preocupantes, con más de 300 colegios cerrados a raíz de las extorsiones perpetradas por bandas criminales. Para abordar esta problemática, la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, convocó la mesa de trabajo “Extorsión en diferentes centros educativos”, un espacio que reunió a autoridades, representantes escolares y miembros de la sociedad civil.
“Nos reunimos con el propósito de proteger la educación de nuestro país de la extorsión, un flagelo que no solo amenaza a las instituciones educativas, sino también a la seguridad y el futuro de nuestros niños y jóvenes”, expresó Juárez. La congresista instó al Ministerio de Educación y al Ministerio del Interior a adoptar medidas urgentes para evitar la interrupción de más instituciones educativas.
Por su parte, el director del Colegio San Vicente, Edgardo Palomino, denunció que al menos 30 colegios en su distrito han sido víctimas de extorsión y expresó su inquietud ante la falta de seguridad. Asimismo, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia del Pilar García, afirmó que el sector comparte la preocupación ciudadana y que están trabajando en estrategias para frenar esta situación.
Juárez también subrayó que el Congreso impulsará una agenda legislativa enfocada en combatir la criminalidad, incluyendo proyectos como la penalización de los préstamos “gota a gota” y la ampliación del plazo de detención por flagrancia de 48 a 72 horas. Además, hizo un llamado a la Policía Nacional para reforzar sus unidades especializadas e inteligencia operativa con el objetivo de desarticular estas organizaciones criminales.